Cuestionan varios sectores sociales la poca o nula procuración e impartición de justicia

Christian González/Ultimátum
TGZ
La violencia en territorio chiapaneco comienza a “teñirse de un rojo” más intenso. Según datos de la Red por la Inclusión de la Diversidad Sexual, de mayo de 2017 a la fecha se registran alrededor de 25 crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTI, así como 132 muertes violentas contra mujeres, de las cuales 37 son feminicidios, de acuerdo con el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas.
Además, de forma histórica, los reporteros locales Mario Leonel Gómez Sánchez y Sergio Martínez González fueron ultimados a balazos, el primero en septiembre pasado y el segundo a principios de este mes en Yajalón y Tuxtla Chico, respectivamente; ambos casos se vinculan a su labor periodística.
De 2000 a la fecha, la organización “Artículo 19” documentó el asesinato de 120 periodistas en México. Del total, 111 son hombres y nueve son mujeres. De estos, 47 se dieron durante el actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Mario y Sergio son los últimos “anotados” en esta lista.
Con base en datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), solo en el 2017 se registraron en la entidad mil 353 homocidios, de los cuales 475 son dolosos y el resto culposos. En un comparativo con el 2016, la misma instancia advierte que fue un año más violento: mil 480 crímenes (468 dolosos). Aún no presenta avances de este 2018.
Para Karla Somoza, integrante de la Red para la Prevención de los Feminicidios, el panorama en el estado es más adverso de lo que parece y los números lo avalan: en 2017, hubo 220 homicidios violentos contra las mujeres (más indígenas y centroamericanas), de los cuales 74 fueron feminicidios, mientras que de enero hasta el 2 de octubre de este 2018 van 132 muertes violentas (37 son feminicidios). Arriaga, Ocosingo, Frontera Comalapa, Chenalhó, Pichucalco, Pantelhó, son los municipios considerados como “focos rojos”.
A pesar de que la Alerta contra la Violencia de Género (AVG) se instaló a finales de noviembre de 2016, considera que los resultados que brinda la FGE son “grisáceos” y de simulación. Prueba de ello, resume, es el crimen cometido en contra de Gloria Castellanos Balcázar en enero pasado, en un salón de fiestas de esta ciudad, “cuyo caso no fue considerado por la Fiscalía como feminicidio, pero lo hace porque quiere silenciar el tema, porque está vigilada por la AVG”.
Si los ciudadanos revisan la página oficial de esa institución encabezada por Raciel López Salazar, en su apartado sobre la AVG, se evidencia que en septiembre pasado no marca ni un solo feminicidio, cuando el Observatorio Feminista contabiliza siete. “Entonces silencia esos feminicidios, porque aparte reciben recursos federales, por lo que no hay transparencia”, comentó.
Lo más lamentable de todo, advierte por su parte Rosemberg López Samayoa, presidente de “Una mano amiga en la lucha contra el Sida”, es que aún existe esa omisión por asesinatos, y más si se trata de homofobia y transfobia, “porque las instituciones los catalogan como crímenes pasionales, y lo peor: se carece de una verdadera impartición de justicia e investigación de los casos”. Incluso a veces o en la mayoría de estos, agrega, les dan el “carpetazo”.
De acuerdo con su perspectiva, la mayor parte de casos no recibe la justicia que se merece, “pero a ellos qué les interesa que haya ‘un putito menos’ (sic)”.

PÉRDIDA DE LA CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018, los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 34.2% y la desconfianza en la autoridad con 16.5%.
De hecho, la misma sociedad ha optado por hacer justicia por su propia mano, advierte Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, quien ejemplifica lo que sucede en el mismo Tuxtla: “La gente coloca letreros con amenazas hacia los delincuentes, de que los linchará y los privará de la vida, pero eso sucede por la falta de la aplicación de la ley, y por ende del aumento de la impunidad”.
Refiere que el tópico de la seguridad en Chiapas pasa por una severa crisis, “que debe combatirse de forma apropiada, es decir tratar de atender a toda la población en materia de justicia, en cualquier ámbito, y no solo decir que los delitos graves son los importantes”.
Otra cuestión que le preocupa, dice, es que la cultura de la denuncia se comience a perder de forma significativa, “y mucha gente no lo hace porque piensa que no la atenderán”.
En el caso de la FGE, lamenta que se desconozca su labor, sobre todo porque no informa cuántos asuntos se “ventilan”, y los que se resuelven por consignación a los tribunales, “creo que en este año van como 94 consignados, nada más, pero son como cinco mil expedientes al mes; pero insisto, no sabemos cuántos se han resuelto, o si están archivados”.
La “panacea” será, según su visión, atacar con mayor fuerza los ilícitos considerados menores, “y así se garantizará a la población la paz y seguridad, y no empezar con los delitos más grandes, sino acabar con el problema de raíz”.
Entrevistado por aparte, Jesús Ruiz Gómez, director general de la firma jurídica “Abog@Red”, opina que Chiapas está “sumergido” en esta problemática debido a la falta de seguridad de sus instituciones, “lo que necesitamos es la presencia de la policía, de funcionarios honestos y conocedores en la materia, y en un momento dado la aplicación de las leyes”.
De nada sirve, agrega, que se cuente con códigos y leyes, si la falta de su aplicación es lo que ha afectado a la entidad, “y sobre todo la corrupción, la falta de atención, los oídos sordos que prestan las autoridades en los lugares donde hay violencia; no vemos, por ninguna parte, la presencia policiaca, y eso lo marca el artículo 115 de nuestra Constitución”.
Algo que es grave y común a la vez, ejemplifica, es que los puestos clave en instituciones de seguridad son otorgados “a gente sin la capacidad que se requiere, pero se los dan porque le cargó la maleta a un funcionario o al político cuando estaba en campaña”.
Para los entrevistados, las autoridades (sobre todo las que deberían procurar la impartición de la justicia) le han quedado a deber no solo a esos tres sectores, sino a toda la sociedad, al menos en lo que va de este sexenio, mismo que —señalan— “se tiñó de sangre”.
Para recomponer el camino, coinciden en que se requiere de voluntad política y de verdaderos servidores públicos, es decir que tengan la sensibilidad y les interese ver a ciertos sectores como ciudadanos, “pero no de segunda o de tercera”, sino que en realidad empiecen a hacer acciones de prevención de delitos, sensibilización de servidores públicos y buscar mecanismos de protección.
En su oportunidad, Josué Pérez Pardo, reconocido “guía espiritual” chiapaneco, externa que el actual gobierno ha soslayado el tema de la palabra de Dios, lo que para él repercutió en el aumento de la violencia en Chiapas, “no tuvimos ni un acercamiento, se cerraron a lo referente a nuestro Padre, cuando en otros gobiernos eso era constante y se traducía en una tranquilidad”.
Manifiesta su preocupación por el enrarecimiento del ambiente social, “algo sucedió, porque hace como ocho años repuntábamos en los primeros lugares de una paz en la sociedad, pero insisto, cuando las personas optan por darle la espalda a Dios, por entrar en un conformismo, todo se descompone, y algo no se hizo bien, y ahí están las consecuencias, una terrible inseguridad”.
“Nos han quedado a deber principalmente en impartición de justicia, y en cuanto a la protección de los derechos humanos, dejan mucho qué desear, ¡Y no se diga en contra de la comunidad LGBTI!, la cual se siente desprotegida por la Fiscalía y los ministerios públicos… un sexenio en donde fue olvidada y violentada”, remata en su oportunidad, Rosemberg López.