Una de las instituciones, que “nos debe dar certeza jurídica, violó su proceso interno de votación, lo que resulta muy complejo, y pone en un estado de indefensión a la autoridad, y cualquier ciudadano podría ampararse por alguna medida, y ganarlo”, refiere el titular del Consejo Coordinador Empresarial

Christian González/Ultimátum
TGZ
De acuerdo con el artículo 90 del reglamento de sesiones de cabildo del Ayuntamiento tuxtleco, “en los actos que trasciendan la administración municipal, se deberá de contar con tres cuartas partes de los votos (de los regidores), es decir 12 sufragios contra cuatro”. En ese sentido, David Zamora Rincón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chiapas, manifestó que se violó el proceso de votación, porque la Carta Urbana aprobada en diciembre pretérito “es un horizonte de 2018 a 2040, es decir trasciende este trienio”.
En entrevista con Diario Ultimátum, explicó que los programas de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez y de todos los municipios de la entidad son instrumentos de política pública, en los cuales se regulan los usos y destinos del suelo; de hecho, aclaró que los ciudadanos hacen actividades tanto sociales, empresariales, comerciales y de infraestructura, “por lo que entonces estos documentos sirven para regular, es decir dan certeza jurídica”.
En ese sentido, recordó que la capital contaba con una Carta Urbana del año 2000, con un horizonte de tiempo de planeación hasta el 2020. Empero esta administración, refirió, inició un proceso de renovación del plan, “que por desgracia lo tomó el Estado, quien le quitó esa potestad al municipio y decidió hacer ese programa desde el Estado”.
Al respecto, mencionó que a finales de diciembre el cabildo “aprobó” dicha Carta, “pero acá lo que observamos del video de esa sesión, es que hubo un empate: ocho regidores en contra, e igual número a favor, con el voto decisivo que lo dio el presidente municipal, Fernando Castellanos Cal y Mayor”.
De hecho, reflejó que hay desconocimiento de alguna parte de cabildo y de varios funcionarios del Ayuntamiento que no respetaron dicha votación, lo que ha generado, en estricto apego a derecho, que cualquier ciudadano se pueda inconformar vía amparo, y cual sea la resolución que emane de ese plan, sería inválida.
“Eso lo hemos checado con abogados y es lo que nos comentan… entonces, aquí el llamado es que el Consejo Consultivo Ciudadano tome cartas en el asunto; porque la extinta Comisión de Desarrollo Urbano del municipio tuxtleco debió considerarlo”, puntualizó.
Por desgracia, agregó que los “agarró” -en términos jurídicos- en un proceso, “porque el 27 de diciembre el Congreso del estado aprobó la nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y pues ahora ya tenemos una nueva ley”.
En estos momentos, cuestionó cómo el Ayuntamiento le hará para subsanar el “vacío jurídico” que existe, “y respetamos el Estado de derecho, y si vamos a los tribunales, se ve muy complicado para la autoridad municipal; eso es parte de la certeza que debemos tener los ciudadanos, es decir que las autoridades que nos representan realicen los procesos jurídicos apegados a la ley y a la normatividad, y si no se aprobó con lo establecido al reglamento interno del cabildo, difícilmente cualquier ciudadano se podrá inconformar”.

PROCESO JURÍDICO INCORRECTO

De entrada, reiteró que el proceso jurídico de votación no fue el correcto, lo que quedó evidenciado en los videos de la sesión de cabildo, “una de las instituciones que nos debe dar certeza jurídica violó su proceso interno de votación, lo que resulta muy complejo, y pone en un estado de indefensión a la autoridad, y cualquier ciudadano podría ampararse por alguna medida, y ganarlo”.
Por otro lado, estimó que la forma en cómo se aprobó da de qué pensar: “En algunas mesas de trabajo celebradas en el Colegio de Arquitectos comentaban que uno de los requisitos para liquidar la última parte del contrato por la realización del programa, es que estuviera aprobado, entonces en definitiva, con esa información creemos que hubo mucha rapidez y no se siguieron los procesos que se debieron seguir”.

AÚN CARECE DE EFCTOS CONTRA TERCEROS

Esto orilló, subrayó, a que una parte del cabildo creyera que aprobó un programa cuando no cumplió con las formalidades de ley, “y la otra parte importante es decirle a la gente que mientras el Plan de Desarrollo Urbano no se pase al Congreso local, y éste lo apruebe y posteriormente se ‘enliste’ en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en la sección de Planes de Desarrollo Urbano, carece de efectos contra terceros”.
Por ello, reiteró en la importancia de que los ciudadanos conozcan sobre sus derechos y obligaciones, y principalmente cuál es la responsabilidad de los funcionarios, porque para él son documentos de políticas públicas que afectan en las actividades, por ejemplo, empresariales.
“Si queremos poner un negocio, un restaurante, una taquería, o algo de corte y confección, tenemos que ir al Ayuntamiento a pedir un uso de suelo, y el funcionario correspondiente checará en la Carta Urbana si es factible o no, y si no es factible tendrá que hacer un procedimiento de cambio de uso de suelo, y ahí es donde se da la importancia de conocer estos ordenamientos legales y tener certeza jurídica o legal en las acciones que emprenderemos”, reconoció.
En cuanto a los amparos, resumió que el ciudadano puede hacerlo ante una acción de gobierno, “como por ejemplo cuando tú solicitas por escrito un permiso o una licencia para algo, la autoridad tiene la obligación de responderme de igual forma, es decir por escrito, y si no lo hace es una aceptación de que me dio el permiso, porque es un tema administrativo”.

TEMAS A “PULIR”

Zamora aclaró que la Carta Urbana es la representación gráfica de lo que se propone en el documento escrito del Plan de Desarrollo Municipal, “entonces hay algunos tópicos que hemos revisado de la misma que no se consideraron, y que será necesario perfeccionarlos, como el hecho de que el Instituto de Planeación Municipal no se indica en alguna parte del documento”.
Asimismo, añadió que no se contempla la creación de un observatorio ciudadano, como lo establece la Ley de Desarrollo Humano tanto estatal como federal, “y en estos momentos hay una revisión de los planos, sobre los usos y destinos de suelo, y no generar conflictos por usos que no correspondan”.
Basado en el artículo 103 de la referida ley, estableció: “El municipio respectivo, al tener conocimiento de un asentamiento humano irregular o la formación de éste, procederá a la suspensión de cualquier obra o venta de predio que se realice ilícitamente, fijando en los lugares públicos y visibles copia del ordenamiento que disponga tal situación”.
Es decir, detalló, es responsabilidad del Ayuntamiento poner mantas o usar los medios de comunicación para alertar a la ciudadanía en cuanto a la compra de lotes, “si no lo ha hecho, cae en omisión, y eso está tipificado como un delito, y está penado”.
Por ello, presumió que es de suma importancia que el ciudadano sepa que una manera de exigir sus derechos es por medio de la denuncia ante las autoridades correspondientes, “no una en Facebook, porque éstas no provocan efectos legales, y así acabar con estos falsos líderes o grupos invasores”.
Incluso, aseveró que sirve para frenar a políticos o aspirantes a un puesto de elección popular que ofrecen escrituraciones o introducción de servicios básicos, “y que estos grupos se conviertan en presa fácil, y sean acarreados, pero repetimos, el nuevo sistema de justicia en México cambió, y eso muchos no lo tienen considerado”.
David Zamora insistió en que como sociedad hay que prepararse y que los grupos de ambientalistas, ingenieros, topógrafos, entre otros sectores, “leamos las leyes y seamos un contrapeso real de la sociedad, y exijamos que se cumpla el Estado de derecho”.