El hijo de la víctima hizo entrega de una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá. En el documento exige llevar a cabo una investigación sobre “las acciones y omisiones” de la Embajada canadiense en México en lo relativo al crimen

Ivette Lira/ SinEmbargo/ Ultimátum
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La República Mexicana es tumba de defensores de derechos humanos. En el país, se castiga con la muerte a quienes levantan la voz para que se respeten sus territorios, usos y costumbres, salud y medio ambiente.
Así sintetizó José Luis Abarca Montejo, hijo del líder comunitario asesinado Mariano Abarca Roblero, su visión sobre el país en el que vive. Ese territorio, en el que ha buscado justicia por más de 8 años y que se la ha negado.
Junto a su familia, el hijo Don Mariano busca el respaldo de las leyes de Canadá, lugar de origen de la minera Blackfire Exploration que, acusa, ordenó a sus empleados asesinar a su padre.
El también ambientalista detalló que -de la mano de organizaciones mexicanas y canadienses- entregaron una denuncia administrativa ante el Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá. En el documento exigen que se lleve a cabo una investigación sobre “las acciones y omisiones” de la Embajada canadiense en México en el crimen.
José Luis explicó que una solicitud de información -realizada por la organización civil MiningWatch, que acompaña el caso- demuestra que existía comunicación entre la Embajada y la empresa donde “el nombre de mi padre aparecía como una persona que se oponía a la minera”.
Abarca Montejo recordó que por el crimen contra su padre hubo cinco empleados de Blackfire Exploration detenidos. Hoy todos se encuentran libres y sin cargos, pese a que en su momento, la Fiscalía General del Estado de Chiapas encontró elementos que involucraban a los trabajadores de la minería.

PERSECUCIÓN POR BUSCAR JUSTICIA

Abarca rememoró que don Mariano, quien además de defender los derechos humanos de su comunidad, realizaba trabajos de albañilería, sembraba maíz en un pequeño terreno y vendía comida, fue perseguido, criminalizado y amenazado hasta que finalmente fue asesinado.
Un año después, don Mariano realizó un plantón junto a organizaciones no gubernamentales frente a la Embajada canadiense. Los inconformes fueron recibidos por los funcionarios norteamericanos y ahí, apuntó José Luis, denunciaron que dentro de la empresa minera existía un grupo de choque que confrontaba a las comunidades en pie de lucha.
Sin embargo, Don Mariano fue acusado -a mediados de 2009- de delincuencia organizada y ataques en contra de las vías de comunicación, entre otros supuestos delitos, por los que “estuvo 9 días preso por las falsas acusaciones de Blackfire. Aunque logró salir gracias al apoyo de organizaciones de la sociedad civil”.
Luego, llegó el 27 de noviembre: justo afuera del negocio familiar de comida, el señor Mariano fue privado de la vida.
La tragedia y el hostigamiento no pararon con la muerte del ambientalista. José Luis, acusó, que fue perseguido por las autoridades, por el Ejército y por la Procuraduría General de la República (PGR), que le “fabricaron” cargos.
No obstante, gracias de nuevo al apoyo de las grupos civiles, pudo sortear “a este Gobierno que nos intimida y nos amenaza con sus autoridades a quienes lo único que hacemos es exigirles justicia, hacer valer los derechos humanos y defender el medio ambiente”.
Ahora, la familia busca justicia afuera de su país. A mediados del año pasado solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y esta semana ya la exigió ante las autoridades canadienses.