Afectados cuentan cómo los apoyos de 120 mil pesos solo quedaron en promesas. Entre llantos, impotencia, tristeza y preocupación por que vienen las lluvias, dicen. Que el Gobierno es pura mentira; la alcaldesa Basurto es demagoga e insensible

Christian González/Ultimátum
TGZ
En los ejidos Quintana Roo y Vicente Guerrero, municipio de Jiquipilas, un folio no vale nada. A poco más de seis meses del terremoto del pasado 7 de septiembre y de la llegada a Chiapas del presidente de México, Enrique Peña Nieto, varias familias de esos poblados cuentan no solo la impotencia por haber perdido todo su patrimonio, sino cómo ha sido el “viacrucis” tras de no recibir ni un peso para “levantar” de nueva cuenta sus casas.
Los reproches de la mayoría recaen en el comisariado ejidal de Quintana Roo, y también “pesan” sobre la alcaldesa jiquipilteca Ana Laura Romero Basurto. Al primero lo señalan de acaparador y de apoyar a quienes él prefiere. A la funcionaria la tachan de “demagoga”.
Sus viviendas fueron marcadas por Protección Civil o la Sedatu con las letras “DT”, en mayúsculas y en rojo o azul, que significan “Daño Total”. Además, a algunas les colocaron letreros metálicos en blanco con sus respectivos folios. No obstante, aún no obtienen los 120 mil pesos “etiquetados” para la reconstrucción. Incluso, la mayor parte advierte que ni siquiera aparecen en el “sistema” y que ya son un caso perdido.
En medio de la incertidumbre, y aspirando el polvo que hace las veces del pavimento de todas las calles de Quintana Roo, las familias se “tragan” el llanto, la impotencia y la tristeza. Prácticamente se muestran resignadas a que, con su propio esfuerzo, tendrán que edificar de nueva cuenta sus viviendas.
“¡Pa’ qué le claman a Dios si son más perros aquí en la Tierra!”, se queja doña Ronaida Estrada, cuya casa quedó reducida al piso que alguna vez estuvo cubierto de paredes y un techo, de los políticos y funcionarios que solo les prometen una mejor condición de vida.
A ella y a su esposo Hernán Camacho García, la Sedatu les otorgó el folio 0972, sin embargo el tiempo ya les comienza a “carcomer” la paciencia, e incluso muestran desesperación porque viven en una galera propiedad de su nieto, cuya morada está detrás de donde se mantenía la vivienda de adobe, ladrillo y teja que por años los cobijó.
Ambos advierten que ya superaron el susto de ese evento, y lo que ahora les preocupa más es dónde pasarán las lluvias, “ya se vienen, eso es lo que nos tiene mal”, refiere Ronaida.

Se preguntan por qué el comisariado ejidal los ha olvidado no solo a ellos, sino a las demás personas cuyas casas sufrieron daño total. Prueba de ello, advierten, es que no les entrega unas láminas, como lo ha hecho con una gran cantidad de gente de Quintana Roo; incluso también hubo algunos que, según ellos, no las necesitaban.
“La fe ya se me acabó. Ni en la presidenta Ana Laura tenemos fe, y eso que votamos, corrimos por ella. Aunque fuera un cajón que me hicieran de casita, no me importa, a como estoy viviendo ahorita, en la intemperie, sufrimos el frío, solo nos tapamos con nylon… nos han ayudado con despensa, eso sí no nos quejamos, pero es más la gente que viene de otros lados”, advierte.
Cuando los candidatos lleguen a sus territorios a pedirles el voto, advierten que les pagarán con la misma moneda. Será una especie de venganza para ellos, los ignorados. “De aquí pa’trás no miraron nada, ¿verdad?… por eso ahora nos toca a nosotros”, argumenta don Hernán, quien explica con tristeza el día en que acudió a la Sedatu y le advirtieron que no aparecía en el “sistema”.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Quien también “corrió con la misma suerte”, e incluso hoy sufre un doble “golpe” es María Candelaria Escobar Flores, quien en febrero de 2017 tuvo que “abandonar” su terruño para viajar a Monterrey, Nuevo León, debido a que su hijo Ubaldo Gil Escobar, de 23 años de edad, quedó paralítico luego de ser aventado de un puente.
La noche del movimiento sísmico de magnitud 8.2 ella no estaba en su casa. Cuando volvió, alrededor de octubre pretérito, su nombre no fue inscrito en las páginas de los empadronados de la Sedatu, y lo único que obtendría es el respaldo de un grupo de militares que la persuadían para demoler su hogar. Ella no quiso, con el argumento de que no quedaría ni sombra.
“Cuando regresé ya había pasado el programa, y ahora queremos ver cómo levantarla, porque ya se vienen las lluvias. Mi casa cayó casi toda, está cuarteada… mi ‘refri’, mi cama, todo se quebró”, externa.
Ha estado a punto de “volar” de Quintana Roo y buscar mejores opciones de vida en Puerto Vallarta, Jalisco, pero el estado de salud de su vástago la detiene (está en silla de ruedas). “El comisariado dice que sí nos ayudará… nosotros esperamos que ahorita que ya vienen las votaciones caiga algo”, lamenta.
De repente, doña Candelaria muestra más coraje al recordar que hubo vecinos que recibieron hasta tres “plásticos” con dinero para recuperar sus patrimonios. Mientras ella y sus hijos padecen la falta de recursos. En la actualidad, una pequeña galera improvisada les sirve de refugio, mientras consiguen algo mejor.
A Ubaldo lo llevan, algunas tardes, a “desestresarse” a la casa de su hermano. Pero a pocas cuadras, una pequeña iglesia en honor al Señor del Pozo le sirve también como alivio. “Al principio no quería ir, pero le dije que fuera, que era bueno buscar a Dios, y poco a poco acepta sin problemas”, refiere su hermana, de quien también se percibe la desesperación de no poder vivir mejor.
Candelaria, casi resignada, reprocha que la presidenta municipal no la haya atendido la única vez que acudió a la alcaldía. “Ya no quiero ir porque el único recurso que tengo me lo gastaría en el transporte, y mejor lo guardo para otra cosa”, subraya la longeva mujer, quien lamenta que su hijo no culminara su licenciatura en Derecho; “ya le faltaba un año”.
Don Rigoberto Zambrano Aguilar carga un viejo colchón individual. Está a punto de partir de lo que, por más de siete décadas, fue una vivienda de adobe de 10 metros de largo por ocho de fondo. También fue víctima del olvido de las autoridades: no le otorgaron un folio para recibir dinero y reedificar su morada.
Su casa se ubica enfrente de la de doña María Candelaria. Vecinos que, en pocos segundos, perdieron todo. A partir del sábado pasado, él junto con su esposa, Agustina Zárate Zúñiga, viajarán a una comunidad cercana, Las Garzas, para comenzar de nuevo, de cero.
Aunque advierte que sí lo apuntaron, recuerda que la ayuda que le darían era por daño parcial, no total como debió ejecutarse. La misma historia le sucedió a Janeth Gil, quien muestra su folio por daño parcial (el número 0929) y, con el rostro agotado, se resigna a aceptar que ya no verá ni un peso para mejorar su vivienda.

LA VIVIENDA MÁS AFECTADA

María Antonieta López Zárate, de “sangre cintalapaneca”, está parada en lo que fue su hogar por al menos cuatro décadas. Personal de gobierno llegó con maquinaria, y en minutos, se llevó tejas y todo el escombro que quedó luego del sismo. Ella y su esposo Adoraín Vázquez perdieron todo.
De pronto, señala un cuatro de tres metros por cuatro, el cual se los otorgó una AC. Sin embargo, puntualiza que es insuficiente. También enseña su folio, el 0921. “Ya hemos ido a todos lados, a donde nos dicen, y hasta el momento no obtenemos una solución, y el comisariado no nos ha apoyado, no sabemos por qué, porque somos varios los afectados; él apenas entró en octubre, aunque lo peor es que no vive acá”, revela.
Lo que más lamenta, dice, es que otras familias recibieron viviendas “que no sé de dónde se las dieron”, y además les otorgaron el recurso para reconstrucción, “hay varias casas de ese tipo, y ninguna de ésas nos tocó a nosotros; al principio nos dio impotencia, porque fuimos de los más afectados”.

A una cuadra del hogar de María Antonieta y Adoraín aparece Noelia Isabel Álvarez Vázquez, cuya casa también quedó hecha añicos. El escombro aún se mantiene en el piso, y casi al punto del llanto, rememora cómo vio el desplome de su vivienda, y el “viacrucis” que también ha vivido.
A pesar de que su solicitud la hizo por daño total, el día en que le entregaron la tarjeta le dieron una con afectaciones parciales, es decir 15 mil pesos; “me dijo la trabajadora (de Sedatu) que la recibiera, yo le dije que no porque era total, y me insistió en que la tomara, porque quizá ya no llegaría la de 120 mil, y por eso firmé”.
También vive, junto con sus tres hijos, esposo y hermana, en un pequeño espacio sostenido por una pared de adobe que, con el terremoto, también se cimbró. Está a punto de caer y el peligro es inminente. “Pero no tenemos adónde ir”, lamenta la entrevistada, quien advierte que 15 mil no les alcanzará para mucho.
Como ella encaró a empleados de la Sopyc, e incluso amagó con demandarlos por dejarla en el abandono, los primeros le prometieron “levantarle” una casita. La promesa no se cumplió. “El arquitecto Miguel me dijo que me haría una, pero se fue”, evidencia la joven mujer, quien está consciente de que a partir de hoy le tendrá que buscar por su propia cuenta.
“La presidenta Ana Laura también ya mandó a decir que no atenderé a nadie más por el caso del sismo (…) Lo único que sí reconozco es el apoyo de la gente, que nos dio despensas hasta decir basta (sic)”, reconoce una de las al menos 250 damnificadas del ejido Quintana Roo.
“Por momentos me da mucha alegría salir a la calle y mirar tanta casa nueva, pero a la vez me da tristeza porque también mi casa se cayó y no fue reconstruida”, suelta, entre lágrimas, la joven madre, quien recuerda cómo, hace cinco lustros, mezclaban la paja y el “lodo” para hacer los tabiques de las paredes que hoy ya no están.
En Quintana Roo continúa la tragedia. Esaú Zárate Salinas, Jorge Zárate y Olga Salinas, todos agricultores, también se quedaron con el piso, pues techo y paredes de tabique se desplomaron. Como el resto, recibieron un folio (), pero hasta el momento nadie los atiende. No aparecen en el “famoso sistema”.
“Pero ya no llegamos ni a pararnos (a la Sedatu), pero todo es pura mentira, ya nos dejaron sin apoyos, y está difícil cómo hacerle, pero ya veremos…”, comenta por su lado don Jorge Zárate quien, basado en esta experiencia y de vivir por casi 80 años en la colonia, también le dará “el voto de castigo” a los aspirantes a un puesto de elección popular.
Condena que los apoyos, de cualquier índole, sean nulos, como lo que sucede con Procampo, cuyo monto otorgado en la actualidad es de 90 pesos al mes, cuando antes, por el mismo lapso, les daban mil 300, “con eso, ¿quién vive? No podemos hacer la milpa. No dicen que no nos desesperemos, pero ya pasaron siete meses, ¿entonces?”.
En su oportunidad, Esaú Zárate ironiza: “Nos dijeron que en breve sacarán un proyecto de ‘Piso firme’, pero nosotros para qué queremos piso… queremos casa (risas de quienes lo acompañan). Luego la presidenta municipal nos dijo que vendría un martes, pero no nos dijo qué martes… (risas de nueva cuenta)”.

LOS “SINNOMBRE”

Casi nadie de los entrevistados atina a identificar quién o quiénes les demolieron sus viviendas; “fue una compañía, creo que la Sopyc”, suelta una de las afectadas. De hecho, solo mencionan que tienen un poco de esperanza en “el ingeniero”, en referencia a un funcionario de la Sedatu que les promete “algo”.

Entre los “acaparadores”, los afectados señalan a Eneas García, quien posee varias viviendas, las cuales mantiene deshabitadas y, además, fue beneficiado por la Sedatu para componerlas todas. Cuestionan su “calidad moral”, luego de advertir que ya fue comisariado ejidal, al igual que su hijo, y que saben cómo conseguir los apoyos, pero sobre todo desviarlos para sus propios intereses.
Evidencian además que esas personas convencieron a otras para que, el día que la Sedatu empadronó, también tomara en cuenta sus otras propiedades. “Les ofrecieron dinero u otras cosas para que obtuvieran sus tarjetas por Daño Total”, asegura Rafaela Espinosa Maza, quien advierte que su mamá, Siria Maza, de 62 años, sí obtuvo los 120 mil pesos para la reconstrucción.
“Pero la señora que cuidaba su casa metió su nombre para que saliera lo de la tarjeta. Mi madre no estaba en ese momento, se fue a otro estado a conseguir trabajo y gracias a Dios estaba la señora (inquilina), que se avivó y metió papeles para recibirlo; han avanzado, pero falta terminar con la techumbre y el piso”, advierte.
Tras de recordar cómo se desplomó su hogar la noche del 7 de septiembre, Noelia Álvarez insiste en recibir apoyo, o en que se lleve a efecto un segundo o tercer censo para ser tomados en cuenta, y no quedarse “en blanco”, en el anonimato, en la incertidumbre.

VICENTE GUERRERO, LA MISMA “CANTALETA”

A 15 minutos de Quintana Roo, y tras de avanzar unos kilómetros de terracería sobresalen los afectados de Vicente Guerrero (se dice que fueron más de 120 viviendas dañadas). Algunos vecinos, de los cerca de dos mil que hay en el lugar salen de sus viviendas, un poco alegres, con la esperanza de que el reportero lleve “las buenas nuevas” y sus casos, de nueva cuenta, “sean retomados”, y que por fin los escuchen. Sacan cuentas, y calculan que el terremoto “golpeó” a cerca de 120 viviendas de su comunidad.
Glendis Espinosa López enseña la casa de su padre, Rusber Espinosa Díaz, que también fue demolida y de igual manera recibió un folio (698), pero no la tarjeta con la que “pararía” de nueva cuenta su hogar. “Tampoco apareció en el sistema de la Sedatu, hemos tocado puertas, pero nada”, externa.
Se toma unos segundos para buscar, en un sobre tamaño carta, algunos documentos que les otorgó no solo dicha dependencia, sino la misma Sedesol y otras instancias. “He ido a todos lados a buscar ayuda, pero ya me cansé”, ataja la joven mamá, cuyo tío recibió un “apoyo a medias” por las afectaciones en su casa.
“Todo es un robo. Supe de un señora de Quintana Roo (ejido) que sufrió golpes, se quebró el brazo en el sismo, recibió dos tarjetas para que se recuperara, una de Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto, y otra de Ana Laura Romero, y ambas estaban en blanco”, evidencia.
A seis cuadras de don Rusber vive don José Martín Pérez Vera quien, con el dedo índice, señala los escombros de lo que fue su vivienda. En la actualidad, su esposa, dos hijos y él viven en una casa aledaña, la cual rentan en 300 pesos mensuales, sin embargo muestran su desesperación al no ver un avance.
Doña Idolina, su cónyuge, se asoma por la ventana principal de lo que ahora es su casa, y con la mano derecha sostiene el folio 0544. Al respecto, critica que las autoridades, en este caso la Sedatu, también los haya olvidado, “no sé por qué no aparecemos en el sistema”, la duda que la mayoría de los damnificados presenta.