El libro evitará más casos de “equivocación” como el de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa o el de los más de 100 cráneos hallados en Comalapa, afirman criminalistas

Christian González/Ultimátum
TGZ
Debido al desinterés y, a la vez, a la incapacidad de las autoridades encargadas de procurar y hacer valer la justicia, un grupo de especialistas chiapanecos comenzó, desde hace un año, la elucubración de un manual de protocolos de actuación de criminalistas en casos de antropología forense, lo cual es inédito para Chiapas.
Javier Montes de Paz, Citlalli de Jesús Cabrera López y Jonathan Francisco Velázquez Calvo, antropólogo físico del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y criminólogos, respectivamente, coincidieron en que en la mayor parte de casos las autoridades, como los mismos peritos, ministerios públicos y hasta los policías municipales y estatales, no saben cómo proceder al momento de estar en el lugar de los hechos, como en un asesinato.
Además, mencionan en entrevista para este rotativo que, lo que más les preocupa es que no hay un seguimiento o investigación más profunda a ese tipo de eventos, sobre todo cuando es necesaria la participación multidisciplinaria para resolver un hecho.
“En múltiples ocasiones la autoridad ha encontrado huesos, esqueletos en algún lugar, pero el problema es que no requieren del apoyo de especialistas, como un antropólogo físico, para saber a ciencia cierta de quién se trata, o si restos óseos pertenecen a la época actual, o incluso se remontan a un pasado inmediato; por eso es importante que se cree este manual de protocolos y que se distribuya no solo entre las autoridades, o las fiscalías, sino a toda la población”, advierte Javier Montes.
Tan mal está la justicia no solo en la geografía chiapaneca, sino en todo el territorio nacional, que en casos como el de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, o el del hallazgo de más de 100 cráneos en una cueva de Frontera Comalapa, municipio de Chiapas, entre otros, los verdaderos especialistas han tenido poca o nula injerencia y de ahí se decantan los errores en los resultados, advierte.
Por su lado, Citlalli externa que “este manual fue parte de la elaboración de una tesis, porque estábamos preocupados de que no hubieran especialistas, o no fueran tomados en cuenta para lo que es necesario en una pesquisa legal”.
En cuanto a los avances, detalla que rebasan poco más de la mitad del trabajo, “para nosotros es importante publicarlo, porque no hay como tal un protocolo de actuación, y sí hay autores que proponen o recomiendan, pero como estudiantes nosotros desconocemos”.
Para ella –dice-, es un placer estar en contacto “con ese material histórico, porque los huesos hablan, son como un lienzo blanco; y nosotros, a medida que vamos observando, hallamos diferentes piezas que arman ese rompecabezas”.
Insiste en que en la Antropología Forense, con apenas 39 años en América Latina, se carecen de esos manuales, “no hay tanta recomendación o estudios”. En cuanto a su material, refiere que están en la etapa de reunir diferentes aportaciones bibliográficas para acoplarlos en uno solo e innovar en la cuestión de la actuación.
Sobre esto último, puntualiza que quieren ir más allá de los siete pasos que propone el experto Israel Lara Barajas, desde la observación, el recorrido, sondeo, excavación, levantamiento y el análisis de los restos, “entonces lo que proponemos es un poco más en el procedimiento como tal”.

Jonathan, le escarba un poco más y habla de la importancia que tiene la fotografía forense en estos protocolos, “muchas personas piensan que solo es ir al lugar de los hechos, fotografiar lo que se halla y ¡listo!, cuando en realidad, va más allá”.
En su caso, maneja cinco tomas diferentes, “le metemos la fotografía macro, la cual nos ha revelado restos óseos con daños que, a simple vista, no se detectan; es decir vemos detalles mínimos, a grandes rasgos (…) Entonces este libro lo complementamos con esas imágenes, porque como dije, hay daños o patologías que no se perciben a la primera, y esa es una de las aportaciones”.

PRESUPUESTOS ACOTADOS

De nueva cuenta, Citllali lamenta que en Chiapas haya un marcado desinterés y desinformación: “La misma procuración de justicia tiene varias herramientas y equipos, pero de cierta manera nos bloquean y, además, no hay cierto presupuesto para tomar en cuenta eso”.
Recuerda que en una ocasión, quien fungía como directora de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado le argumentó que se carecía de laboratorios de antropología forense por falta de presupuesto, lo que los limitaba a echar a andar proyectos.
“Me dijo que le llegaban muchos casos de huesos encontrados en distintos lados, pero como no hay quién los trate, al final de cuentas los que se encargan son los criminalistas, que los llevan a la morgue, y se deja de hacer una labor más profunda”, exhibe.
Lo que les ha mermado un poco el proceso de elaboración del libro, advierten los especialistas, es el nulo presupuesto con el que cuentan, “prácticamente avanzamos solos, porque tenemos ganas, y porque sabemos que este material será de mucha utilidad; no buscamos un puesto, ni ser la piedra del zapato de la autoridad, sino que buscamos coadyuvar”, explica Javier Montes.
De hecho, los entrevistados refieren que otro problema al que se pueden enfrentar es la impresión del manual, por lo que uno de los planteamientos es acercarse al gobierno del estado o a instituciones afines a su rubro, para que aporten y se logre el objetivo.
Aunque se manejan de una forma austera, comentan que ya cuentan con una página en redes sociales, por medio de la cual exponen los avances sobre el manual. “Por ahí Jonathan y Citlalli tienen otras ideas para que nos demos a conocer como equipo; la experiencia la tenemos, el conocimiento también, pero falta esa iniciativa de la autoridad”, comenta Javier Montes.
De hecho, explica que comienzan a meter breves cápsulas informativas, “explicamos, por ejemplo, qué es una tafonomía (ciencia que intenta explicar todos los sucesos que afectaron a un resto de un organismo del pasado), y que puede confundir al criminalista, y se han dado casos, ¿no? Como el ejemplo de la cueva de Comalapa, cómo se equivocó la autoridad de manera garrafal, y nosotros, como antropólogos, les salvamos la chamba; o descubrir la identidad de aquel que está en el Semefo, porque no se sabe quién es, y esa parte es la que falta”.
Al respecto, lamenta que el mismo anfiteatro esté “repleto de esqueletos” y no se tenga la infraestructura, ni el presupuesto, ni los especialistas, para descubrir la identidad de los mismos. “Otra cosa: nos hace falta meternos a esos casos de Antropología Forense, que es muy diferente a hacer estudios con materiales históricos de mil 800 años”, advierte Javier Montes, quien reitera que las autoridades de justicia deberían estar apegadas a los trabajos multidisciplinarios.
“Ellos deben estar conscientes de que, para hacer una pesquisa legal, tiene que haber un genetista, un nutriólogo, un criminalista, un criminólogo, un antropólogo físico, y demás, y eso a ellos les debe de quedar muy claro… pero creo que se debe mucho a la arrogancia, o porque en esos puestos hay gente que no sabe nada, que solo están ahí porque son amigos del procurador; todo es corrupción, y eso es lamentable”, delata.
Insiste en que a veces hay directores de área, como el de Servicios Periciales, que desean avanzar y, en este caso, propone que se cree el laboratorio de Antropología Forense, “pero no sabemos si de arriba lo frenan, si no hay interés, pero vemos que sí hay un proyecto”.
Si se echa a andar el manual de protocolos, dice, se pueden resolver casos complejos de muertes, “más cuando hallas esqueletos, y el no poder participar nos deprime, pero también nos molesta, porque hay gente que es encarcelada de forma injusta, y hay familias también que sufren porque no saben dónde están sus muertos”.
Mientras tanto, resalta que prepararán una serie de foros, seminarios, cursos, conferencias y talleres que tengan que ver con ese trabajo, “tenemos que desnudar la realidad, lo que es, cómo se debe hacer, y sabemos que muchos no lo verán con buenos ojos”.
“Asimismo tenemos que incidir en los niños, que aprendan todo sobre la antropología forense, y eso es interesante, porque les empiezas a sembrar el interés desde pequeños, es una idea de otro estado, que nos parece muy buena; que sepan que no solo es un doctor, la enfermera, sino que está esa rama”, dice.

INTERESES MONETARIOS, ¿OTRA DE LAS TRABAS?

Entrevistada por aparte, Guadalupe Peralta Jiménez, presidenta de la Fundación para Recuperar Cadáveres no Identificados “Paulina I”, pone un ejemplo del porqué hay tantas trabas, más para la investigación de los crímenes: lo sucedido en Chiapa de Corzo el año pasado, cuando personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) intentó enterrar 54 muertos en una fosa común, “eso solo demuestra que alguna instancia, como el Ayuntamiento, no hace su labor, porque no se otorga el dinero destinado para ese fin”.
Incluso cuestiona que la autoridad mantenga hasta por mucho tiempo decenas de cuerpos en “refrigeración”, cuando ella, a través de su fundación, en solo un año, sepultó alrededor de 60, “eso no está bien, porque se supone que un cuerpo sólo debiera permanecer así por 15 días en la morgue, ¡no más!”.
Aclara que la raíz del problema estaría en quien controla los recursos, “porque, cómo explican qué le han hecho al dinero que se destina para los muertos no identificados, porque ese es su deber, está estipulado en la Ley Orgánica Municipal”.
De acuerdo con el artículo 92 de la mencionada ley, “El servicio funerario gratuito será proporcionado por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico a las personas indigentes o de escasos recursos, previo al estudio socioeconómico que se realice al efecto”.
Luego, en el artículo 93, establece: “El servicio funerario gratuito podrá comprender todos o alguno de los siguientes puntos: I.- La entrega del ataúd; II.- Fosa gratuita bajo el régimen de temporalidad; y, III.- Dispensar del pago de los derechos que con motivo del servicio hubieren de cubrirse a la Tesorería Municipal”.
Sin embargo, lamenta que lo único que hace la autoridad por quienes fallecen es elaborar una averiguación previa, “y con eso los entierran y uno no sabe quiénes fueron, adónde se fueron, porque no hay un control… ¿qué le han hecho a tanto recurso?”.
Rememora que ella paró su labor sin fines de lucro porque la misma autoridad “me bloqueó, ya no me dejó seguir. Creo que algo no les gustó, algún negocio estaba por descubrir, y ahorita no puedo hacer nada. No me atienden, ni el gobierno municipal, ni el del estado”.