Consultados por El Economista, quienes integraron el órgano comicial opinan que la exposición mediática no otorga certeza al proceso.

 

Agencias/Ultimátum

 

Desde su origen, las diferencias entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) han existido; sin embargo, el nivel de exposición de las mismas durante el presente periodo electoral es un fenómeno inédito, coincidieron exconsejeros electorales.

Jacqueline Peschard Mariscal, quien fuera consejera ciudadana del antes Instituto Federal Electoral (IFE), de 1997 al 2003, expuso que son naturales las diferencias entre el INE y el Tribunal, debido a sus visiones distintas y en su énfasis.

Ello toda vez que el primero es un órgano que debe velar porque haya imparcialidad, o sea lo más apegado a que haya reglas establecidas, y el órgano jurisdiccional tiene que revisar el apego a la legalidad así como a la Constitución Política.

Sin embargo, dijo la especialista, las diferencias de visiones no habían sido tan públicas como lo mostrado tras la sentencia del TEPJF que abrió la posibilidad a que el gobernador con licencia de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, se convirtiera, por la vía independiente, en el quinto candidato a la Presidencia de la República.

“Lo delicado de esas exposiciones mediáticas es que no da certeza sobre el proceso electoral, le inyecta incertidumbre. Si hay ciertos niveles de desconfianza en las autoridades, esto en lugar de ir abonando a la confianza no ayuda”, enfatizó Peschard Mariscal.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, únicamente 33.3% de la población de 18 años y más identifica a los institutos electorales como actores que les inspiran confianza.

A su vez, sólo 31.7% de la muestra representativa dijo confiar en jueces y magistrados. En tanto, de 22 instituciones o actores de la sociedad medidos para la Encuesta, los “partidos políticos” aparecían al final de la lista con 17.8% de las personas consultadas que dijeron sentir confianza en éstos.

Consultada por separado, María Marván Laborde, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien fue consejera presidenta del IFE, recordó momentos de tensión importantes con el TEPJF, como cuando este órgano resolvió que la autoridad electoral administrativa no podría realizar conteos rápidos en las elecciones presidenciales del primero de julio del 2012.

En la sentencia, elaborada por el hoy exmagistrado Constancio Carrasco Daza, se argumentó que el empleo de los conteos podían generar incertidumbre, pues ya existía otro método establecido, el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Marván Laborde dijo que más tarde se reconoció que sendos mecanismos eran distintos. “El problema no es que haya momentos de fricción, el problema es que se salga a los medios a descalificar el otro”, dijo.

 

FALLO DEL BRONCO

La madrugada del 10 de abril, día en que el TEPJF resolvió los juicios ciudadanos de el Bronco y el aspirante Armando Ríos Piter, el magistrado José Luis Vargas Valdés criticó el desempeño del INE durante el periodo de audiencia de ambos actores.

En particular, sobre el caso de Rodríguez Calderón, Vargas Valdés expuso que decidió “hacer valer la presunción de inocencia, de hacer valer el debido proceso en torno a algo que desde mi punto de vista tuvo ciertos grados de desaseo por parte del Instituto Nacional Electoral”.

Dos días después, los cuatro magistrados que votaron a favor de la sentencia, en conferencia de prensa, dieron a conocer a la opinión pública las razones y argumentos de la sentencia.

En este espacio, el magistrado Vargas Valdés consideró que el aspirante —el Bronco— no pudo desahogar en condiciones óptimas el derecho de audiencia. “Este Tribunal reconoce que el aspirante sí acudió en diversas ocasiones a intentar ejercer su derecho, lo que no pudo hacer plenamente porque acudía a ciegas”.

A decir de Marván, especialista en democracia y transparencia, las tensiones entre las autoridades electorales siempre han existido. Las decisiones de la autoridad administrativa, IFE antes, INE ahora, son revisadas por el Tribunal y, cuando hay cambios de criterios, las presiones surgen.

Sin embargo, en opinión de Marván Laborde, “estamos ante un momento muy delicado” frente a una“decisión muy polémica” y “poco explicable” de la sentencia del TEPJF.

“Es obvio que esta resolución generó tensiones, porque la demanda se centra en las acciones del INE y los cuatro magistrados que votaron a favor de una muy polémica demanda —desde mi punto de vista insostenible— descargan toda la culpa en cosas que, de acuerdo con ellos, hizo mal el INE”, explicó la investigadora de la UNAM.

 

CRÍTICAS AL TRABAJO COLECTIVO

En entrevista aparte, Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y quien en el IFE ocupó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de 1996 al 2003, coincidió en que el TEPJF normalmente enfrenta situaciones difíciles, pues debe resolver asuntos del INE.

En esta ocasión, continuó Sánchez Gutiérrez, tanto en su escrito como en la sesión del pleno hizo comentarios criticando o desautorizando la acción del INE. “El problema es que dicho así está echando por tierra el trabajo de mucha gente que estuvo laborando muy afanosamente en hacer una revisión en muy poco tiempo, con muchas dificultades como para que en una frase se desacredite todo el trabajo”, señaló.

Asimismo, Sánchez Gutiérrez expuso que la resolución del Tribunal cambia mucho la lógica con la que se había trabajando en las últimas semanas, ello en particular sobre el funcionamiento de la app mediante la cual se recabaron los apoyos, misma que, tras haberla avalado, para este caso señalaron mal funcionamiento de la misma.