Autoridades en materia ambiental y el mismo Ejecutivo de Chiapas tienen 3 meses para atender todos los puntos requeridos por el organismo autónomo

Christian González/Ultimátum
TGZ
A más de cinco décadas de su operación y del daño que le ha generado a cerca de 20 mil chiapanecos (400 familias de forma directa), por la extracción de material pétreo en un perímetro de la Reserva del Parque Nacional del Cañón del Sumidero, la empresa “Cales y Morteros del Grijalva” podría llegar a su fin, al menos así lo marca en un documento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitido apenas la semana pasada, el cual surgió de una investigación que comenzó a ejecutar desde el año 2011.
A través de Adriana Luisa Geuguer Dosamantes, Directora General; estableció un proceso de conciliación en 19 puntos que se tendrán que solventar en un plazo de 90 días (a partir del viernes pasado); de hecho, diez de los mismos están dirigidos para el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales y al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el resto para el Ejecutivo estatal .
Estos puntos de acuerdo emanados del expediente CNDH/6/2011/5702/Q y del oficio V6/25651, fueron entregados ese viernes por parte de visitadores de la CNDH que se reunieron con los afectados a un costado de la compañía ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo.
Aunque para los lugareños es un avance, al final de cuentas no fue la respuesta deseada, así lo advierte María Alejandra Aldama Pérez, integrante del Movimiento “Salvemos al Cañón del Sumidero”, quien de hecho asevera que lo más lógico y urgente era que esa instancia emitiera una recomendación para echar de una vez por todas a la empresa, la cual carece de los permisos más fundamentales para operar: desde el de impacto ambiental, uso de suelo y el de una concesión para extracción y trituración de material pétreo.
De acuerdo con los informes, solo cuenta con una licencia de funcionamiento otorgada en 1999 (misma que la renuevan cada vez que se sienten presionados) y uno más sobre el uso de explosivos que le otorgó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

RECORRIDO POR EL “BOQUETE”

Diario Ultimátum realizó un recorrido por la zona afectada un día después de la entrega del documento de los visitadores de la CNDH a los pobladores denunciantes (sábado 5 de mayo), y se observó que la compañía, cuyo primer propietario fue Domingo Muguira, relacionado con el exmagistrado Sergio Valls Hernández por cuestiones de amistad y de ahí una de las razones por las que “no lo tocaban”, aún continúa con las actividades extractivas.
El reportero de esta casa editorial visitó el lugar hace aproximadamente dos años y medio, de ahí se frenaron dichas acciones por órdenes de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural. No obstante, los trabajos, de acuerdo con las familias de la Ribera Cahuaré, aún continúan porque advierten que escuchan ruidos todo el día, pero con mayor intensidad en las madrugadas, lo que se trataría del uso, en menor escala, de dinamita.
Durante la expedición en la cima (alrededor de 600 metros), de donde se percibe mejor el daño de la flora y fauna, prácticamente quedaron sepultadas por las “toneladas de cal” que esparce el viento producto de las actividades de la calera. Solo una especie de planta, el agave grijalvis, se niega a morir, ataja una de las lugareñas.
Además, un pequeño arroyo que atraviesa la zona está seco, y solo en temporadas de lluvia se llena de agua, pero de ahí vuelve a su estado “normal”, pues también fue “sepultado” por la calera.
Desde donde se aprecia el boquete, doña Alejandra Aldama se sorprende de lo que observa, debido a que también asegura que no subía al mismo desde hace dos años. “¡Sí, mira, esa pared la tiraron también, y ahí está el material que van sacando!”, exclamó a la vez que, con su dedo índice derecho, señalaba el área afectada.
“Cales y Morteros del Grijalva” abarca una extensión de 63 hectáreas, y en 40 de las cuales se formó el “cráter”, mismo que hoy alcanza de 40 a 50 metros de profundidad. Sin embargo, según Alejandra Aldama, ya se metió en terrenos que no le competen, lo que marca otra violación.

EL COMIENZO DE LOS MALES

La también habitante de Ribera Cahuaré, recuerda que la lucha comenzó en el año 2002, cuando se dieron cuenta de las afectaciones a sus viviendas, producto de las constantes detonaciones para extraer el material pétreo, y lo peor: la gente se enfermaba de las vías respiratorias, de los ojos y de la piel, y de los daños a la misma ANP.
Ante esta situación, advierte que se acercaron a varias instancias desde el Ayuntamiento chiapacorceño, de Medio Ambiente, Derechos Humanos, entre otras, para frenar la emisión de polvo, humo, olores pestilentes, además de vibraciones y otras actividades que ejecuta esa empresa durante las 24 horas del día.

Por otro lado, se sabe que el decreto de conservación se emitió el 8 de diciembre de 1980, mientras que la empresa se estableció en 1965. “De ahí se agarran los de la calera, porque dicen que llegaron primero y las leyes entraron después, y lo más triste es que la Profepa los respalda, no les hace nada, pero es ilógico”, evidencia Aldama, quien advierte que la intención es que no la castiguen por lo que hizo antes del decreto, sino lo generado después, “que contamina, abarca más terreno del que le corresponde, y que ya está a nada de tumbar la pared del Cañón del Sumidero”.
Sin embargo, ese decreto establece que no se permiten actividades extractivas, cuando “Cales y Morteros del Grijalva”, cuya maquinaria está obsoleta, extrae la piedra, la tritura, hasta que se logra el proceso deseado. Además, otra cuestión que preocupa es que las emisiones de polvo no están canalizadas a ductos, sino al aire libre. El mismo destino tienen los desechos industriales, lo que es grave porque llegan a parar a una microcuenca que, a su vez, aterriza en las aguas del Río Grijalva.
En el año 2016, el Instituto de Geofísica de la UNAM efectuó un estudio geológico a los alrededores de la empresa y a la cara Oriente de la pared del Cañón, y determinó que existe el riesgo de que se desprendan bloques del acantilado, en un área de afectación de 22 hectáreas.

ALGUNOS PUNTOS QUE MARCA LA CNDH

Este rotativo les presenta el punto conciliatorio número uno de los diez emitidos para las instancias protectoras del medio ambiente, el cual establece: “Se investigue a fondo la legalidad del Decreto de carácter expropiatorio con el que se estableció el ANP Parque Cañón del Sumidero, en particular, sobre la existencia y validez del supuesto recurso de revocación por lo que se excluyeron los terrenos ocupados por la empresa.
“Resuelto lo anterior, según corresponda, realice las gestiones necesarias para emitir la orden de suspensión de actividades y clausura de la empresa en el lugar de los hechos; o bien, formule y emita el aviso de modificación de la poligonal que comprende el ANP y remita a esta CNDH un pronunciamiento clarificando la situación legal del sitio y las pruebas de su cumplimiento”.
Mientras que el primero que se eroga para el mandatario estatal refiere lo siguiente: “Instruya a quien corresponda a fin de que ese gobierno del estado tenga un acercamiento con la Semarnat y la Conanp, y se garantice que ese gobierno del Chiapas tenga participación en el Consejo Asesor del ANP, y en las actividades de asesoramiento que se desarrollen para mejorar la capacidad de gestión en las tareas de conservación, protección y restauración del área; y se remita a esta CNDH copia del acta de constitución del referido Consejo Asesor del ANP”.
Otro de los requerimientos al Ejecutivo, es que “Instruya a quien corresponda, a efecto de que se haga una revisión exhaustiva en el Registro Público de la Propiedad de Chiapas, acerca de la existencia y validez de los respectivos registros del Decreto del ANP, así como de los terrenos ocupados por la empresa; e informe a la CNDH, en un plazo no mayor de 90 días, los resultados que arroje dicha revisión, así como copia de las evidencias allegadas para emitir la referida determinación”.
A pesar de los puntos conciliatorios que emitió la CNDH (después de siete años de que se los solicitaran), la misma Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la empresa manifestaron que ya se tiene un terreno en el municipio de Suchiapa, es decir 214 hectáreas que están en proceso de gestión de permisos, “pero eso nos dijeron hace dos años y aún no sucede nada; creemos que la Semarnat fue condescendiente con ellos y por eso les autorizó una licencia de funcionamiento, lo que rompió con toda promesa”.
De lo único que está segura doña Alejandra es que nadie le podrá otorgar un permiso de operación a “Cales y morteros del Grijalva”, porque efectúa una actividad incompatible con los objetivos para los que fue creado el Parque Nacional Cañón del Sumidero como ANP.
Aunque los mismos visitadores de la CNDH dejaron en claro que sería un poco complicado que el proyecto conciliatorio se solvente en 90 días, advirtieron que estarán al pendiente, “en un marcaje personal”, para que se cumplan a cabalidad.

MALA SALUD DE LOS RIBEREÑOS

Quien ha sufrido en carne propia las afectaciones que genera “Cales y Morteros del Grijalva”, es Claribel Pérez Anaya y su hija, quienes desde hace varios años padecen de problemas respiratorios, al igual que decenas de personas, incluso algunas de ellas ya fallecidas en la Ribera Cahuaré.
Recuerda que desde que nació su pequeña comenzaron los problemas, “a los dos días, cuando ya la trajimos a la casa, comenzó a estornudar, la llevé con un especialista, y la empecé a medicar por una alergia. Hoy tiene ocho años de edad y padece rinitis alérgica”.
“Golpeada” económicamente, lamenta que ella, también dañada de la salud por los polvos que emanan de la calera, no pueda recibir un tratamiento adecuado para sanarse, “porque no me alcanza, todo lo destino para mi nena, porque es un tratamiento caro”.
Tan grave es el asunto, dice, que hace poco un médico le advirtió que su hija está cada vez peor, e incluso uno de sus tabiques está cerrado. “Me dijo que es provocado por la contaminación del ambiente, y me recomiendan que me vaya, pero ¿a dónde me voy?, no tengo más”, acotó.
Empero, también sacó la lista de familiares que fallecieron con enfermedades relacionadas por las emisiones de los polvos, como cáncer gástrico, enfisema pulmonar, entre otros. “Acá hay un niño al que hace poquito le detectaron manchas en los pulmones; por eso decimos que es terrible”, agregó.
No obstante que ya poseen el documento emitido por la CNDH, las entrevistadas advierten que eso no las limita a seguir con sus manifestaciones, desde la toma de la empresa u otras más, “esto no se acaba con este documento, y continuaremos de la mano con ellos para enfrentar a la calera”.
De hecho, rememora que a principios de este año enviaron su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero advirtieron que el proceso tardará un poco más porque esa instancia manifiesta que tiene muchas situaciones qué atender.