Según Carlos Martínez, presidente de la JLCyA, se tiene un rezago de casi 30 mil casos; Barra de Abogados advierte que son como 40 mil

Christian González/Ultimátum
TGZ
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) presenta en la actualidad un rezago de entre 25 mil y 30 mil casos, según su propio presidente Carlos Martínez Vázquez. Sin embargo, sobre esa instancian “pesan” acusaciones de corrupción y tráfico de influencias, con el fin de perjudicar a la parte trabajadora demandante.
La situación en esa instancia se ha recrudecido en lo que va de este 2018: hace unos días su titular aceptó que “traspapelaron” los 90 expedientes de igual número de ex empleados sindicalizados de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), a quienes al parecer les violaron sus derechos también en esa casa de estudios ubicada en San Cristóbal de Las Casas. La protesta pacífica no se hizo esperar.
Asimismo, los periodistas Itzel Grajales, Marco Antonio Alvarado y Jacob García “alzaron la voz” por irregularidades en el proceso e incluso acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para quejarse por la dilación en las audiencias de sus casos, pues a principios de este año fueron despedidos de forma injusta de un rotativo local. Los señalamientos de “opacidad” en sus casos, para favorecer a la parte patronal, no se hicieron esperar.
Para Carlos Daniel Conde Ramírez, abogado de la firma jurídica “AbogaRed”, una de las razones por las que esa instancia ha perdido capacidad de respuesta es porque dependió del Poder Ejecutivo, “se volvió una oficina más, donde el presupuesto se reduce en gran medida porque las necesidades del primero se incrementan en otros rubros, y por ello el abandono de las JLCyA”.
Por ello, refiere que en la actualidad esos organismos están en un proceso lento de impartición de justicia, debido a que no dejan de tener sus resoluciones, es decir los laudos, un poder como si fuera una sentencia de un órgano judicial, por lo que de forma administrativa dependen del Ejecutivo, “pero sí tienen resoluciones con una fuerza como si la emitiera un juez, obligatorio para las autoridades”.
Lo más lamentable, advierte, es que comienzan a contar con menos recursos, “no puedo decir lo mismo de la Junta Federal número 43 que tenemos en Tuxtla, pero sí en la Local 3, y las que hay en todo Chiapas; podemos decir que se les dejó de proveer de materiales, de personal, de muchas cosas”.
Un procedimiento ordinario laboral se basa, en primera parte, en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pero de manera previa tienen que estar notificadas ambas partes para llegar y ver si se da ese arreglo armonioso, “se firma y no pasó nada”.
De lo contrario, se ratifica o se endereza la demanda (todo depende del trabajador o la parte actora), y en respuesta la parte demandada contesta. Después de esa primera audiencia, se da la segunda que se basa en el ofrecimiento de pruebas, y se señala una fecha para su desahogo, y luego se van a los alegatos y asimismo a los laudos. En materia laboral, la ley establece tres audiencias.
Al respecto, el especialista subraya que el problema está precisamente en esas cargas laborales, lo que justifica que no se cumplan los periodos establecidos de 15 a 30 días entre una audiencia y otra y el desahogo de pruebas, “y por eso hay espacios de hasta dos o tres meses entre una y otra, y por ende un juicio laboral se lleva hasta dos, tres años o más”.
Solo en este momento, resalta que la JLCyA ha otorgado audiencias hasta para noviembre y diciembre próximos, “cuando estamos a mediados de año, entonces ya traen una agenda bastante apretada”.

HAY MAYOR REZAGO Y CORRUPCIÓN

Entrevistado por aparte, Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, asevera que la JLCyA presenta un rezago mayor, es decir de alrededor de 40 mil expedientes, más aparte una “ola de corrupción” que es evidente dentro de esa instancia.
“La JLCyA es una de las dependencias en donde sus empleados aún ganan salarios de 5 ó 6 mil pesos (mensuales), entonces como dice un juez de la Corte: si no le pagan bien, pues se corre el peligro de que no se aplique bien la ley”, evidencia entre risas.
De hecho, advierte que eso es lo que sucede en la Junta Local: “Hay mafias organizadas que son patronales, también obreristas, de abogados, empleados, y todo mundo lo sabe, sin embargo es difícil combatir ese problema”.
En cuanto a la situación de fondo, recuerda que se dio una reforma en el año 2012, y tiempo después se registró otra, “la primera planteó eliminar esas Juntas, y al desaparecerlas en el estado, provocó que el trabajo en la JLCyA de la capital se saturara, y no se puede resolver esa problemática, y ahora no se resuelven los casos de viejo ingreso ni los de nuevo ingreso”.
Por ello, reafirma que la Junta ha recibido serias críticas al no resolver nada, “no hay atención; y la verdad el secretario de Gobierno o el mismo gobernador deberían proveer de lo necesario para que pueda trabajar; son reclamos populares, de la misma clase trabajadora y patronal”.
En contraparte a lo externado por Daniel Conde, Servando Cruz lamenta que el convenio firmado con la Junta Federal en la materia no sirviera de mucho, “de cuatro mesas que había, formaron ocho, ¡y ni así pueden desahogar su labor! Es decir tenemos un problema que está bien identificado, desde el 2012, y no se ha visto lo necesario; ya pasaron seis años, y nada”.
Lo que ha faltado, reitera, es compromiso y apoyo de las autoridades, “porque el secretario del Trabajo no tiene presupuesto para resolver esta problemática. Imagínate, hay ocho inspectores para todo el estado, ¿qué puedes hacer con ocho? ¡Nada! Son 125 municipios, y en cada uno de ellos la gente lucha por sobrevivir, y tiene conflictos de tipo laboral, y si a esto le agregas 40 mil expedientes rezagados…”.
Como Barra de Abogados, recuerda, celebraron el año pasado un convenio para coadyuvar con las autoridades, “solo falta instrumentar el mecanismo adecuado, contratar un personal extra y resolver estos problemas. Serían empleos temporales, pero no pasa nada, todo quedó en una firma, en la cual estuvieron presentes el mismo gobernador y el subsecretario de Gobierno”.
Hace dos semanas, resalta, visitaron al secretario del Trabajo, Óscar Ochoa Gallegos, para insistir en el tema, “porque sabemos que la problemática continuará, y se irá de largo; hay muchas soluciones, pero la cuestión es que las tomen y las hagan”.

RECORTE DE PERSONAL, OTRO “DURO GOLPE”

De hecho, Servando Cruz y Daniel Conde advierten que “la gota que derramó el vaso” fue el recorte que se aplicó hace un año de 40 plazas de la JLCyA, lo que equivale al 50 por ciento del personal total.
“Aunque fueron liquidados con base en la ley, le dejan una carga a las demás Mesas de la Junta Local, entonces el primer problema es que tienen un número muy limitado de actuarios, lo que quiere decir que para que iniciemos un procedimiento laboral, tiene que estar notificada la contraparte y así haya un proceso de conciliación”, resalta Conde.
De acuerdo con él, esa demora les permite promover amparos por falta de inmediatez y prontitud en la impartición de justicia, “una dilación procesal de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por eso obligamos a esa Junta, por medio de esos amparos, a que desahogue los procedimientos”.
En el caso de “AbogaRed”, Daniel Conde explica que atienden cuatro casos: por dilaciones procesales, por falta de emplazamiento a la contraparte o de ejecución de laudo, “porque hay otro problema, ¡eh! muchas veces el trabajador gana la sentencia, pero no solo se trata de eso, sino de que se cumpla con una reinstalación en el puesto, o el pago de salarios caídos, que a veces alcanzan los 3 millones”.
Detalla que la ejecución de ese laudo la tiene que efectuar el propio presidente de la JLCyA, en ente caso Carlos Martínez, “entiéndase la diferencia de la Junta como un órgano colegiado, y entiéndase cómo está facultado ese presidente para tomar todas las medidas para que ese laudo se cumpla; él tiene todas esas facultades”.
El detalle está, dice, en ese rezago en los procedimientos por todas las situaciones antes mencionadas, “pero otra parte es lo que dejan de hacer los presidentes, que no toman las medidas necesarias para que se cumplan, y considero que en algunos casos puede tratarse de cierto temor de ejercer lo que está en sus manos para realizar un embargo precautorio, o para girar una orden de presentación por incumplimiento administrativo…”.
Es decir, ejemplifica que si alguien no cumple la orden de un juez, puedes ser objeto de prisión preventiva, o multa o destitución del cargo, “el problema es que esos presidentes tienen las facultades e, insisto, no las han desarrollado, y eso genera otro gran rezago en el cumplimiento de los laudos”.

LA “PANACEA”

Para los entrevistados, una de las soluciones será la judicialización de esas instancias, es decir que pasen a formar del Poder Judicial y se tenga establecido un procedimiento que se resuelva de manera judicial, “porque ya no tiene sentido que las tenga el Poder Ejecutivo”.
Es decir, coinciden en que en la actualidad existen tribunales burocráticos, administrativos y constitucionales, entonces agregan que todo lo que tiene que ver con el gobierno del estado se van a esas instancias, “esto permitirá adelgazar la cantidad de demandas que tienen las JLCyA”.
Aclaran que el Poder Judicial le ofrece a esas instancias profesionalización en el Tribunal de Justicia; “por eso vemos con buenos ojos que esas Juntas se vayan al Poder Judicial, para que todos sus procedimientos y principios sean de acuerdo con un procedimiento judicial”.

CASOS DE “BUROCRATISMO”

Erika del Carmen Quintero Sánchez, con ocho meses de embarazo y sin empleo, está entre “la espada y la pared”, pues fue despedida de forma injustificada de la Universidad “Pablo Guardado Chávez” de esta ciudad. Luego de cinco años de ser parte del nivel preescolar, como auxiliar, en febrero pasado le dijeron “adiós” sin brindarle lo que por ley le correspondía.
La joven docente, originaria del municipio de Villaflores, lamenta que no solo haya sufrido de carga laboral sin la remuneración que le correspondía, sino que además fue “hostigada y amenazada” por su coordinadora, Olinca González Flores, quien le advertía que de quejarse, tomaría represalias en contra de su hermana, misma que también imparte clases pero en el nivel primaria.
A pesar de que en el 2017 le prometieron subirla de puesto y aumentarle el sueldo, evidencia que todo seguía de la misma manera, “teníamos más trabajo, y no nos pagaban lo que laborábamos extra”.
Para este 2018, rememora que luego de que no le pagaran un permiso para ausentarse unos días por la muerte de un familiar, Olinca la llamó para avisarle que la cambiaría de puesto, es decir que la regresarían al de niñera, “y fue en ese momento que dijo: ‘Si tú haces algo por lo del permiso, que fue cancelado, es decir si demandas o algo, lo único que harás es crear un conflicto familiar’… O sea, me dio a entender que correrían a mi hermana”.
Además, se queja de las condiciones en que laboran todos los empleados, quienes según ella carecen de seguridad social y de otros derechos que por ley les corresponderían, “las que son titulares sí tienen IMSS, pero no gozan de puntos para adquirir una casa con el Infonavit; y le sumamos que hay más casos de despidos injustificados”.
Sobre su proceso legal ante la JLCyA, Erika Quintero lamenta que lo único que le queda es que le paguen lo justo, puesto que el hecho de que la reinstalaran en su puesto, “no sería algo sano, porque la relación laboral no está bien porque ya demandé (pasado 3 de marzo); pido lo justo: 130 mil pesos por un lustro laborado”.
Sin embargo, critica que en esta última instancia tuviera que presionar para que le dieran su primera fecha de audiencia, que se celebró hace un mes, “pero el abogado de la parte demandada, antes de entrar a ese careo, me dijo: ‘Sabe qué maestra, yo le traigo 30 (mil) nada más’, y le respondí que si seguía con esa actitud yo lo denunciaría; y eso que no metí cuestiones de mi embarazo, solo fue una demanda laboral”.
Como en septiembre será mamá por segunda vez, a la denunciante le urge que las autoridades tomen cartas en el asunto, y que se celebre en septiembre próximo la segunda audiencia con resultados satisfactorios, “que se actúe conforme a la ley, porque se les dio tiempo (a los representantes de la escuela), y ya es para que hubieran tratado el asunto, no dilatarlo más”.
Por su parte, Javier Rodríguez Jiménez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Confianza de la Universidad Autónoma de Chiapas (Sitracounach) también culpa a la JLCyA de entorpecer la llamada “toma de nota” para reconocer a su sindicato.
“Cuando se llevan a efecto las votaciones y me eligen como secretario general, el abogado nos hace el trámite ante esa instancia (en el año 2015), entonces nos piden información y se anexa el proceso del comité anterior y todo lo que se anexa, y dentro de eso viene la toma de nota”, recuerda.
Para el año 2016, dice, aún esperaban la toma de nota, “pero una licenciada de la Junta Local, que mandó a llamar el presidente de esta instancia, nos dijo que tomaría nota de los datos para saber en qué fecha lo tramitamos, pero nos dijo que trabajaban con rezagos de años atrás, y le preguntamos para qué fecha saldría la toma de nota, y ella nos dijo que se comunicaría después. Sin embargo, hasta hoy en día no hay nada; por eso acudiremos a instancias internacionales, porque acá no resolvieron nada; y nos amparamos, pero las otras instancias también han retenido la información”.

UN POCO DE HISTORIA

De acuerdo con la historia, tanto las juntas federales como las locales de Conciliación y Arbitraje dependían, en un principio, del Poder Ejecutivo, pero todo su procedimiento de desahogo es judicializado.
Antes, las ramas de la producción, es decir toda la materia laboral federal, podían congestionar ante las huelgas la producción de los ingenios de las zonas “huleras”, metalúrgicas y de minas; entonces, si hay un problema de este tipo a nivel nacional entre sindicatos y esas empresas, la producción anual del gobierno federal estaría en serios problemas.
Por esa razón, se crean las Juntas Locales y Federales con tres representaciones: una de parte de los trabajadores, otra de la patronal y una de la gubernamental. De tal manera que la primera tarea de esas instancias era conciliar y, como última fase, desahogar un procedimiento justiciable con desahogo de pruebas y una resolución que se llama laudo.